En 2012, uno de los puntos más sensibles y polémicos de la legislación brasileña fue finalmente sancionado: el nuevo Código Forestal, cuya versión anterior remontaba a 1965.
Durante meses, el tema generó debates acalorados y embates apasionados. Varios ministerios del gobierno Dilma participaron en las discusiones, buscando mediar las posiciones divergentes. A sabiendas de que, necesariamente, una nueva legislación terminaría por ser promulgada en el Congreso, el gobierno Dilma actuó en el sentido de construir una legislación que permitiera conciliar el respeto al medio ambiente con la producción agropecuaria, en un modelo de desarrollo que equilibrara a ambos.
Al final del proceso, con una nueva propuesta aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado Federal, hubo una amplia movilización de la sociedad, pidiendo que la presidenta Dilma vetara los puntos de la nueva legislación que pudieran generar daños al medio ambiente o a otros intereses relevantes allí presentes. La presidenta atendió a varias de las demandas presentadas, consolidando el nuevo Código Forestal, tan equilibrado como fue posible.