Derechos Humanos

Con Lula y Dilma, la inclusión social y los derechos humanos pasaron a caminar lado a lado

Lula: "Derechos Humanos también significa el derecho de soñar" / Foto: Ricardo Stuckert / Instituto Lula En los últimos 12 años, millones de brasileños, que antes no tenían ni siquiera para comer, conquistaron seguridad alimentaria, empleos con registro formal, reajustes salariales por encima de la inflación, acceso a educación y salud de mejor calidad, vivienda digna, movilidad urbana, respeto a la diversidad.

Mujeres, negros, niños/as y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales) y víctimas en general de la violencia, exclusión, discriminación y abuso, ganaron visibilidad. Sectores más vulnerables de la sociedad conquistaron inclusión, protección, oportunidades.

Brasil avanzó como nunca en la defensa de los derechos humanos, con la creación de dos secretarías clave, ambas con status de ministerio: la Secretaria de Políticas para las Mujeres y la Secretaría de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial. Al mismo tiempo, la antigua Secretaría Nacional de Derechos Humanos, hoy Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, ganó status de ministerio y más poder de acción.

Con Lula y Dilma, Brasil conquistó el derecho a la verdad sobre la dictadura, paso fundamental para que avancemos hacia un futuro más justo, con más respeto a la diversidad, a la dignidad, a los derechos humanos. Con Lula y Dilma, conquistamos el derecho humano de soñar.

Principales avances de los gobiernos Lula y Dilma

. Aprobación de la tercera versión del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3), a pesar de la dura oposición de los sectores más conservadores de la sociedad.

. Aprobación de la Ley Maria da Penha, hito histórico en la lucha de las mujeres contra la violencia doméstica.

. Creación de la Comisión de la Verdad, para investigar y hacer públicas las violaciones de los derechos humanos en el período entre 1946 y 1988.

. Aprobación de la Ley 12.711/2012, que implantó la política de cupos sociales y raciales en universidades e institutos federales.

. Creación del Consejo Nacional de Combate a la Discriminación/LGBT.

. Creación del Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con amplia participación de la sociedad civil.

. Realización de la 1ª Conferencia Nacional LGBT.

. Aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) del Trabajo Esclavo, que prevé la desapropiación de propiedades rurales y urbanas donde se comprueben situaciones similares a la esclavitud.

. Creación del Disque 180, para recibir denuncias relativas a la violencia contra la mujer.

. Demarcación de la reserva indígena Serra Raposa do Sol (estado de Roraima), una de las mayores de Brasil, escenario de violenta disputa de tierras entre indios y agricultores.

. Lanzamiento del Plan Nacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad - Vivir sin Límite.

. Ampliación del Disque 100, que pasó a acoger denuncias de violaciones de derechos de toda la población, especialmente de los grupos sociales vulnerables, como niños/as y adolescentes, población LGBT, personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de calle.

. Sanción de la Ley nº 10.639, que hace obligatoria la enseñanza de historia y cultura afrobrasileñas en las escuelas de todo el país.

. Creación y publicación del Informe sobre Violencia Homofóbica en Brasil.

. Sanción de la Ley 12.990/2014, que reserva a la población negra el 20% de las plazas ofrecidas en los concursos públicos federales.

. Aprobación de la Ley 12.978/14, que transforma en crimen hediondo el abuso sexual de niños/as y adolescentes.

. Aprobación de la Ley de la Palmada, que establece el derecho de que niños/as y adolescentes sean educados sin castigos físicos.

. Creación del Sistema Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, para realizar el monitoreo, la supervisión y el control de establecimientos y unidades donde se encuentren personas privadas de libertad, además de promover la defensa de los derechos e intereses de esas personas.

. Firma del Compromiso Nacional por el Envejecimiento Activo, para la valorización, promoción y defensa de los derechos de las personas mayores, con acciones que implican a 17 ministerios, además de estados, Distrito Federal y municipios.

. Creación de la Secretaría Nacional Especial de Salud Indígena, en atención a una demanda histórica de los movimientos indígenas.

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PNDH-3: el gobierno derrota a los conservadores y crea la Comisión Nacional de la Verdad

Uno de los principales hitos de la política de Derechos Humanos del gobierno Lula, la tercera edición del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3) es el resultado de una amplia articulación entre 31 ministerios y de la participación activa de la sociedad civil.

Elaborado a partir de los resultados de la 11ª Conferencia Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que implicó directamente la participación de 14 mil personas y la representación de todos los estados brasileños y del Distrito Federal, el PNCH-2 reúne 519 acciones, distribuidas en seis ejes orientadores transversales, entre los que se destacan los siguientes compromisos:

. Interacción democrática entre Estado y sociedad civil

. Derechos Humanos y Desarrollo

. Derecho a la Memoria y a la Verdad

El lanzamiento del Programa generó un intenso debate provocado por instituciones y segmentos contrarios a algunos puntos de su contenido, con el apoyo de la prensa nacional. Muchas de las críticas tergiversaron el contenido real del Programa e ignoraron el proceso democrático que lo construyó.

La principal reacción fue contraria a la creación de la Comisión Nacional de la Verdad para examinar las violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar de 1964 a 1985. Otras críticas se concentraron en temas como el aborto, la unión civil entre personas del mismo sexo, la adopción por parte parejas homoafectivas y el marco regulatorio para los medios de comunicación.

Después de muchas discusiones entre el gobierno y los representantes de grupos críticos al Programa, el PNCH-3 fue aprobado con la modificación de nueve puntos. Entre las principales victorias conquistadas por los defensores de los Derechos Humanos se destacan la creación de la Comisión Nacional de la Verdad - uno de los puntos más combatidos por los conservadores - y el Proyecto de Ley sobre Castigos Físicos Corporales Contra Niños/as y Adolescentes.

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Combate sin tregua al trabajo esclavo rescata a más de 40 mil brasileños

Con Lula y Dilma, Brasil se volvió referencia mundial en el combate al trabajo esclavo. Entre 2003 y 2013, más de 40 mil trabajadores fueron rescatados de situaciones análogas a la esclavitud. Esa estadística es resultante de una guerra sin tregua trabada desde el inicio del gobierno Lula, con la creación de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo (Conatrae).

Órgano colegiado integrado por representantes del gobierno, de trabajadores, de empleadores y de la sociedad, la Conatrae tiene la misión de acompañar, monitorear y coordinar las acciones previstas en el 1º y 2º Planes Nacionales para la Erradicación del Trabajo Esclavo (PNETE) - implementados, respectivamente, en 2003 y 2008 por el gobierno Lula -, además de acompañar la tramitación de proyectos de ley en el Congreso Nacional y de proyectos de cooperación técnica firmados entre el gobierno brasileño y los organismos internacionales.

Como consecuencia de las directrices de los Planes de Erradicación del Trabajo Esclavo y de las proposiciones de la Conatrae, se desencadenaron acciones de prevención a la cooptación de trabajadores para el trabajo esclavo, además de la intensificación de las acciones de fiscalización e implementación de servicios de atención al trabajador libertado.

Uno de los destaques de las acciones de prevención y combate al trabajo esclavo es la elaboración de la llamada “Lista Sucia”, que contiene nombres de empleadores condenados a nivel administrativo por el uso de mano de obra esclava, restringiéndoles el acceso a créditos ante bancos oficiales. La lista, actualizada cada semestre, se puede consultar aquí [14].

En junio de 2014, el Congreso aprobó la Enmienda Constitucional 81 (PEC del Trabajo Esclavo), que prevé la confiscación de propiedades rurales y urbanas que posean trabajadores sometidos a la esclavitud. Las propiedades serán destinadas a la reforma agraria y a programas de vivienda popular. La PEC todavía aguarda reglamentación.

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Brasil avanza en la defensa de los derechos de los niños/as y de los adolescentes

En los últimos 12 años, Brasil avanzó como nunca en la defensa de los derechos del niño y del adolescente, teniendo como uno de sus pilares la transversalidad de las acciones gubernamentales, consolidada con el lanzamiento, en 2007, de la Agenda Social Niño y Adolescente. Implicando 47 acciones y 14 ministerios, la Agenda se volvió el mayor plan intersectorial de enfrentamiento de la violencia contra niños/as y adolescentes ya implantado en el país.

Entre los principales destaques de las políticas públicas implantadas a partir de 2003 está el Programa de Protección a Niños/as y Adolescentes Amenazados de Muerte (PPCAAM). Creado por el gobierno Lula, el PPCAAM actúa en la atención directa a los amenazados y a sus familias, retirándolos del lugar de la amenaza e insertándolos en nuevos espacios de vivienda y convivencia. El Programa ofrece oportunidades a los protegidos, tanto en lo que se refiere al acompañamiento escolar, como a la inserción en proyectos culturales y cursos técnicos, entre otros.

Con Lula y Dilma, Brasil avanzó de manera consistente también en el combate a la explotación sexual. Las acciones aisladas y de bajo alcance del pasado dieron lugar a una intervención gubernamental integrada y con amplia movilización de la sociedad, como el Disque Denuncia Nacional de Abuso y Explotación Sexual Contra Niños/as y Adolescentes (Disque 100). Entre 2003 a 2010, la Secretaría de Derechos Humanos realizó más de 2,5 millones de atenciones, por medio del Disque 100, y encaminó más de 142 mil denuncias provenientes de 4.885 municipios de todas las 27 unidades federativas del país. En diciembre de 2010, el servicio fue integrado al Disque Derechos Humanos, que recibe y encamina denuncias de violencia contra otros segmentos vulnerables, a ejemplo de ancianos, población LGBT, personas con discapacidad y población de calle.

Coronando el protagonismo del país, Brasil fue sede, en 2008, del III Congreso Mundial de Enfrentamiento de la Explotación Sexual de Niños/as y Adolescentes. El Congreso fue el mayor evento del género ya realizado en el mundo entero, reuniendo a delegaciones de 160 países, con 3.500 participantes, incluidos casi 300 adolescentes de los cinco continentes.

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El pueblo de la calle llega al Palacio

Uno de los grandes orgullos del presidente Lula fue haber hecho del Palacio del Planalto la casa del pueblo brasileño, abriendo sus puertas incluso a los que no tenían donde vivir. El Palacio, acostumbrado a recibir a reyes y reinas, presidentes y primeros ministros, banqueros y grandes empresarios, pasó también a recibir a indios, leprosos, cartoneros (recolectores de materiales reciclables) y poblaciones en situación de calle.

Lula, que todos los años celebra la navidad con los cartoneros y pobladores de la calle, realizó dos Conferencias Nacionales orientadas a ese segmento. A partir de su gobierno, las iniciativas puntuales desarticuladas y muchas veces con características represivas, practicadas en el pasado, dieron lugar a acciones efectivas para la inclusión de esa población.

En 2009, el gobierno instituyó la Política Nacional para la Población en Situación de Calle. Entre los objetivos están asegurar el amplio acceso a los servicios y programas que integran las políticas públicas de salud, educación, trabajo, previsión social, asistencia social, transferencia de ingresos, vivienda, seguridad, cultura, deporte y entretenimiento.

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Derecho a nombre, apellido, ciudadanía, futuro

En 2002, al final del gobierno Fernando Henrique, el 20,9% de los niños/as nacidos no fue registrado. Sin su primer documento - la partida de nacimiento - todos aquellos pequeños brasileños se enfrentarían en el futuro con dificultades de acceso a derechos como educación, trabajo, asistencia social y previsión social.

El gobierno Lula entendió que el alto índice de personas sin registro civil configuraba un obstáculo a su estrategia de ampliación de los programas sociales. Entendió también que la partida de nacimiento representa el derecho humano al nombre y al apellido. Y dio inicio a una serie de acciones para cambiar ese cuadro.

Solo en el Nordeste y en la Amazonía Legal, las dos regiones con los mayores índices de subregistro, se realizaron casi 3 mil acciones masivas para emisión de partidas de nacimiento y de documentación básica, la mayoría en áreas rurales, beneficiando inclusive a comunidades indígenas, quilombolas y ribereñas.

Estas y otras acciones dieron resultado. En 2013, la tasa de subregistro civil de nacimiento cayó para solo 5,1%, el menor nivel de la historia.

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Salud Mental y Derechos Humanos

Con Lula y Dilma, la salud mental ganó espacio en la agenda de derechos humanos. La interfaz entre estos dos temas se hizo efectiva a partir de la reinstalación del Comité Ejecutivo del Núcleo Brasileño de Salud Mental y Derechos Humanos, integrado por el Ministerio de Salud, Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Universidad Federal Fluminense (UFF), Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo (NEV/USP).

El trabajo del Núcleo Brasileño de Salud Mental y Derechos Humanos incluye el acompañamiento de denuncias relativas a unidades de tratamiento de salud mental, la capacitación de gestores de las políticas de esa área y la producción de conocimiento. En 2010, el Núcleo realizó, en Buenos Aires, en alianza con el Ministerio de Justicia de Argentina, un seminario sobre salud mental y víctimas de las dictaduras y de la violencia por parte de los agentes del Estado.

La importancia de unir temas como derechos humanos y salud mental se afirma a partir de la convicción de que no es posible asegurar la dignidad de los seres humanos sin considerar su estado psíquico y, en el caso de pacientes, sin tratar de la garantía de sus derechos fundamentales. La mirada de los derechos humanos, bajo esta óptica, favorece la prevención de violaciones y del sufrimiento psíquico.

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Derechos Humanos también se aprenden en la escuela

Los 12 años de gobierno del PT pusieron a Brasil en el selecto grupo de países que avanzaron en la institucionalización de la educación en derechos humanos y en la defensa de los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese proceso fue coronado con la homologación, en 2012, de las Directrices Nacionales de Educación en Derechos Humanos, fruto de un amplio y participativo proceso que implicó a educadores, expertos, sociedad civil y organismos internacionales.

A partir de la homologación de esas Directrices, los educadores brasileños ganaron referenciales para la promoción de una cultura de respeto y promoción de los Derechos Humanos, como un material didáctico-pedagógico que privilegia la valorización de la diversidad y el repudio a todas las formas de prejuicio y discriminación.

Las Directrices vinieron a sumarse a instrumentos y mecanismos implementados por el gobierno Lula, como el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PNEDH) y el Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos (CNEDH).

El Plan, de cuya construcción participaron la sociedad civil, los órganos públicos y privados y distintas esferas de gobierno, establece concepciones, principios, objetivos, directrices y líneas de acción en cinco áreas: Educación Básica, Educación Superior, Educación de los Profesionales de Justicia y Seguridad Pública, Educación No Formal y Educación y Medios de Comunicación.

Por su parte, el Comité Nacional, que está compuesto por representantes de órganos gubernamentales, entidades de la sociedad civil y personalidades destacadas en el área, tiene la función de proponer, monitorear y evaluar políticas públicas para el cumplimiento del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.

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Sistema de Protección a Personas Amenazadas: mucho más allá de la seguridad física

El Sistema de Protección a Personas Amenazadas es un conjunto de acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República que busca alternativas para asegurar la integridad física y psicológica de las personas amenazadas que están bajo la protección del Estado.

El concepto que orienta la actuación de ese Sistema es el de protección integral, que busca asegurar no solo el derecho fundamental a la vida, sino también el derecho a la educación, salud, vivienda, asistencia social y al trabajo.

Los trabajos son ejecutados en el intento de promover la reinserción social del protegido, minimizando los impactos relacionados a las restricciones impuestas al e

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