Entre 2003 y 2014, los gobiernos Lula y Dilma trabajaron bajo la perspectiva de que la eficacia de la preservación ambiental está vinculada a la garantía del derecho al territorio ocupado por los pueblos y comunidades que, tradicionalmente, usan los recursos naturales de manera armónica.

Vea algunos puntos fuertes de esa política, que combina preservación ambiental e inclusión socioterritorial:

•  De 2003 a 2013, se crearon 30 Unidades de Conservación de Uso Sostenible (Reservas Extractivistas-RESEX, Reservas de Desarrollo Sostenible-RDS y Florestas Nacionales-FLONAS), en un total de 7 millones de hectáreas, que beneficiaron a 32 mil familias;

• En el mismo período, 347 proyectos de Asentamientos Agroextractivistas (Proyectos Diferenciados de Reforma Agraria) beneficiaron a 90 mil familias, en un área total de 7,5 millones de hectáreas;

• Nuevos instrumentos jurídicos – como los Términos de Autorización de Uso Sostenible (Taus) – aseguran a los ribereños el derecho al área de vivienda y de uso tradicional de recursos naturales. Entregados por la Secretaría del Patrimonio de la Unión, los nuevos instrumentos permiten el acceso al crédito, al Bolsa Verde y a otras políticas públicas. En ese período, se concedieron más de 52 mil Taus en los estados de Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins y Pará.

•  A partir de 2009, la regularización de los territorios tradicionalmente ocupados pasó a hacerse también por medio de la emisión de los Contratos de Concesión de Derecho Real de Uso. Ya se regularizaron 34 de las 77 Unidades de Conservación de Uso Sostenible existentes. Más de 40 mil familias fueron beneficiadas, en 4 millones de hectáreas.