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La estrategia de los gobiernos Lula y Dilma siempre fue la de valorizar a comisarios y agentes, invertir fuertemente en inteligencia y armamentos, con adquisición de equipamientos de última generación, para responder al poder de fuego y financiero de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, contrabando de armas, robo de cargas, corrupción y lavado de dinero, entre otros.
En los ocho años del gobierno Lula, la Policía Federal realizó 1.273 operaciones, incluidas investigaciones a largo plazo y movilización de agentes policiales para efectuar varias prisiones simultaneas, con el saldo de 15.754 personas detenidas. En el gobierno Dilma, el ritmo fue aún más intenso: de enero de 2011 a abril de 2014 hubo nada menos que 922 operaciones, que resultaron en más de 6.400 prisiones.
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