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Bolsa Verde

Transferencia de ingresos y estímulo a la preservación ambiental

El Programa Bolsa Verde paga beneficio a familias extractivistas en situación de extrema pobreza, que viven en unidades de conservación de uso sostenibleEn los últimos años, el país asistió a la implantación de varias políticas públicas para la superación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la población. En las áreas rurales, se destaca el Programa Bolsa Verde, novedoso por combinar la transferencia de ingresos con el estímulo a la conservación de la biodiversidad.

El Programa, creado en 2011 en el ámbito del Plan Brasil Sin Miseria, establece el pago de un beneficio trimestral de R$ 300 a familias extractivistas en situación de extrema pobreza, de ingreso inferior a R$ 77 por persona, que viven en Unidades de Conservación de Uso Sostenible (como selvas nacionales, reservas extractivistas, áreas federales de desarrollo sostenible y asentamientos ambientalmente diferenciados). La iniciativa también alcanza a poblaciones ribereñas, indígenas y quilombolas, además de otras comunidades tradicionales.

En junio de 2014, 60 mil familias cobraban el Bolsa Verde. Además del pago del beneficio, el programa incentiva el manejo sostenible del medio ambiente, promueve la ciudadanía y estimula la participación de los beneficiarios en acciones de capacitación ambiental, social, técnica y profesional, lo que les permite aumentar todavía más el ingreso y promover su emancipación y autonomía.

¿Quiere saber más?

Vea el reportaje de la NBR sobre el Bolsa Verde

 

Más recursos para el extractivismo

En 2013, durante el II Llamado de los Pueblos de la Selva, el gobierno Dilma anunció inversiones de R$ 712 millones hasta 2016 para acciones de asistencia social y extensión rural destinadas a las poblaciones extractivistas de la región amazónica.

Esas acciones incluyen la destinación de R$ 11,7 millones para la formación de 10 mil líderes extractivistas en las regiones atendidas por el Programa Bolsa Verde e inversiones de R$ 123 millones para el fortalecimiento social y económico de las organizaciones extractivistas. Asimismo, se destinarán R$ 223,2 millones a la asistencia técnica y a la extensión rural.

 

Extractivismo y Sostenibilidad

Entre 2003 y 2014, los gobiernos Lula y Dilma trabajaron bajo la perspectiva de que la eficacia de la preservación ambiental está vinculada a la garantía del derecho al territorio ocupado por los pueblos y comunidades que, tradicionalmente, usan los recursos naturales de manera armónica.

Vea algunos puntos fuertes de esa política, que combina preservación ambiental e inclusión socioterritorial:

  •  De 2003 a 2013, se crearon 30 Unidades de Conservación de Uso Sostenible (Reservas Extractivistas-RESEX, Reservas de Desarrollo Sostenible-RDS y Florestas Nacionales-FLONAS), en un total de 7 millones de hectáreas, que beneficiaron a 32 mil familias;
  • En el mismo período, 347 proyectos de Asentamientos Agroextractivistas (Proyectos Diferenciados de Reforma Agraria) beneficiaron a 90 mil familias, en un área total de 7,5 millones de hectáreas;
  • Nuevos instrumentos jurídicos – como los Términos de Autorización de Uso Sostenible (Taus) – aseguran a los ribereños el derecho al área de vivienda y de uso tradicional de recursos naturales. Entregados por la Secretaría del Patrimonio de la Unión, los nuevos instrumentos permiten el acceso al crédito, al Bolsa Verde y a otras políticas públicas. En ese período, se concedieron más de 52 mil Taus en los estados de Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins y Pará.
  •  A partir de 2009, la regularización de los territorios tradicionalmente ocupados pasó a hacerse también por medio de la emisión de los Contratos de Concesión de Derecho Real de Uso. Ya se regularizaron 34 de las 77 Unidades de Conservación de Uso Sostenible existentes. Más de 40 mil familias fueron beneficiadas, en 4 millones de hectáreas.