Los gobiernos de Dilma y Lula ayudaron a derribar paradigmas creados para justificar la opción histórica de gobernantes de privilegiar a los más ricos. La valorización del salario mínimo y los aumentos reales de salarios experimentados por los trabajadores gracias a un desarrollo inclusivo permitió la caída de desigualdades sociales, regionales y raciales. La clase C del Nordeste, por ejemplo, amplió su participación en la población total de la región, creciendo del 28% al 45% entre 2002 y 2012. Por primera vez en la historia, la clase C nordestina supera el número de integrantes de las clases D y E: 23,9 contra 23,7 millones de personas.

Las alcaldías menores no quebraron y la Previsión Social tampoco. Al contrario, el crecimiento económico con distribución de ingreso generó un ciclo benéfico para el país como un todo. Según el Dieese (Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos), el nuevo salario mínimo de R$ 724,00 inyectará en la economía en 2014 la expresiva cifra de R$ 28,4 mil millones.

De los 48 millones de brasileños que poseen rendimientos que tienen como referencia el salario mínimo, 21 millones son beneficiarios de la Previsión Social. Gente trabajadora que durante muchos años contribuyó para el país y hoy merece recibir un poco más por los servicios prestados. Son recursos que van directamente al bolsillo de brasileños de todos los municipios de Brasil, de los mayores a los menores, calentando las economías locales.

La ascensión social de 42 millones de personas a la clase C entre 2003 y 2013 ha repercutido también en la promoción de la igualdad racial. Hoy, de cada cuatro personas atendidas por el Programa Bolsa Familia, tres de ellas son pardas o negras. En el área rural, la clase C duplicó su tamaño, pasando del 21% de la población al 42%.