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Perguntas Frequentes

 
 
 
 
 
No, y por eso Lula y Dilma implantaron varias otras acciones no solo para combatir, sino también para prevenir la corrupción. En 2011, la presidenta Dilma sancionó, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información (Ley no 12.527/2011), buscando ampliar la transparencia de los actos de gobierno y el acceso del ciudadano a las decisiones del Estado; en 2013, fue el momento de sancionar la Ley Anticorrupción (12.846/2013), que establece penalidades pesadas a empresas corruptoras. En el período de 2003 hasta mayo de 2014, la Contraloría General de la Unión (CGU) participó, en conjunto con la Policía Federal, en 148 operaciones, que generaron un retorno del orden de R$ 10 mil millones al Tesoro Nacional, además de un ahorro efectivo de R$ 297 millones. El aumento del poder de fuego de las instituciones también hizo que, entre 2003 y 2013, más de 4 mil agentes públicos fueran punidos por participación en casos de corrupción. Las puniciones incluyen el despido, la destitución y la suspensión de jubilaciones. Además, hasta junio de 2014, 3.869 empresas privadas habían sido punidas.