Con Lula y Dilma, el combate a la corrupción se convirtió, por primera vez  en la historia, en una acción permanente del Estado. Antes, eran escasos los titulares de periódicos que denunciaban escándalos, porque los delitos eran casi siempre barridos para debajo de la alfombra o encajonados. Y nadie se enteraba. Desde la llegada de Lula a la Presidencia, en 2003, la prevención y el combate a la corrupción se volvieron prioridad, por medio de la acción articulada entre varios órganos del gobierno federal, con transparencia e incentivo a la participación de la sociedad civil.

Se empezaron a tomar medidas efectivas, y no se paró más. Algunas de ellas:

• ● la creación de la Contraloría General de la Unión (CGU);

  ● el fortalecimiento, la modernización y la independencia de la Policía Federal;

  ● la autonomía del Ministerio Público, con el Procurador General de la República siendo elegido por la propia categoría, en votación directa, y ya no por decisión personal del presidente de la República;

  ● la creación del Portal de la Transparencia;

  ● la Ley de Acceso a la Información;

  ● el incremento de la actuación de la Abogacía General de la Unión (AGU) en el enjuiciamiento de acciones de improbidad y de resarcimiento de valores desviados;

  ● la creación del Súper-Fisco, que permitió el mayor combate a los fraudes y a la evasión fiscal;

  ● la firme actuación del Consejo de Control de las Actividades Financieras (COAF) en el monitoreo de movimientos bancarios atípicos que puedan configurar lavado de dinero o corrupción y enriquecimiento ilícito de agentes públicos;

  ● la reestructuración del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), que fortaleció su actuación en el combate a carteles;

  ● la promulgación de la ley que pune las empresas corruptoras.

Los resultados no tardaron en aparecer, estampados en los titulares de los periódicos. Investigaciones, detenciones, bandas y carteles desbaratados, servidores públicos punidos, millones y millones de reales devueltos a las arcas públicas. Acciones concretas de combate a la corrupción se hicieron públicas, compartiendo el espacio con denuncias muchas veces precipitadas y equivocadas - porque la prensa está sujeta a errores y “condena” por antelación a personas que más tarde se revelan inocentes, como lo demuestra más de un caso reciente.

Lo importante es que la prensa es libre, como pocas veces en la historia de este país. Y por primera vez en la historia, Brasil tiene instituciones sólidas, con independencia para actuar en defensa del Estado y de la sociedad, y órdenes expresas para no encajonar investigaciones ni barrer escándalos para debajo de la alfombra.